Minerva Contreras / Karen Rodríguez / Karla Uribe / Alfredo Rodríguez
Las quejas en contra de los cuerpos de seguridad por ejercicio indebido de la función pública (o abusos policíacos) representan más del 60 por ciento del trabajo que desarrolla la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Querétaro (CEDH).
Durante el 2009, dicho organismo recibió 97 denuncias al respecto, y cuenta con cuatro quejas ciudadanas más, por presuntas violaciones a las garantías individuales cometidas por militares en el estado.
De acuerdo con datos de la CEDH, las autoridades de seguridad más denunciadas en el 2009 han sido la Secretaría de Seguridad Pública en el Municipio de Querétaro con 39 quejas activas, seguida de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), con 38 quejas activas, elementos de Tránsito de la capital (siete), y la Policía Estatal (cuatro).
En cuanto a las denuncias contra militares en el estado, la Comisión registró cuatro casos ocurridos en los municipios de Querétaro, El Marqués, Landa de Matamoros y San Joaquín, entre el 24 de abril y el 9 de junio.
No obstante por tratarse de autoridades federales, estas denuncias actualmente son investigadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
180 millones para policías vs. 950 mil pesos para Adultos Mayores
Una revisión hemerográfica realizada por Tribuna de Querétaro reveló que existen varios casos de extorsión policial que sólo son externados y publicados ante los medios de comunicación.
En estos casos, se acusa principalmente a los elementos por lesiones, privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad, allanamiento de domicilio, amenazas y tortura.
El número de violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades va en aumento, a pesar de que el Poder Ejecutivo destinó casi 180 millones de pesos en la profesionalización y capacitación de los cuerpos policiacos (rubros como el de Adultos Mayores apenas recibe poco más de 950 mil pesos).
Además, según las cifras de la CEDH, la entidad con mayor número de denuncias en los últimos tres años es la Guardia Municipal de Querétaro, que tuvo 36 denuncias en el 2007, 63 en el 2008, y ya acumuló 38 en el primer semestre del 2009.
Durante este mismo periodo, la Comisión apenas emitió tres recomendaciones contra los cuerpos policiacos en el 2007, dos en el 2008, y una en lo que va del 2009.
Autoridades municipales, ‘víctimas’ frecuentes de recomendaciones
En el transcurso del 2007, se publicó la Recomendación 172 dirigida a Jorge Luis Alarcón Neve, Secretario de Gobierno Municipal, con motivo de la represión a las manifestaciones realizadas por el grupo social denominado La Sexta Querétaro.
Esta recomendación se cimentó en la extralimitación de las facultades conferidas a los inspectores municipales por el Reglamento de Inspección y Verificación, y porque se vulneraron las garantías fundamentales de los agraviados.
Ese mismo año también se emitió la Recomendación 174, en contra de elementos de la policía del Municipio de Arroyo Seco, luego de que el ciudadano Bonifacio Vázquez Camacho fue golpeado de manera tan “evidente y excesiva” que perdió la vida por la “indebida” actuación de los policías preventivos.
En el 2008, la CEDH emitió la Recomendación 176, hacia el Secretario de Seguridad Pública Municipal (Armando Sánchez Estrada) por el caso relacionado con el señor Ulises Antonio Martínez Domínguez, quien fue víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes por un elemento policíaco.
Al oficial se le realizó un examen pericial en materia psicológica, encontrando signos de ansia de poder, problemas de relación interpersonal, defensa frente a peligros reales o imaginarios que percibió como ataques personales; agresividad y cambios que van de la impulsividad a la inhibición.
Detuvieron a menores de edad… sin delito cometido
Por su parte, el Municipio de Corregidora también se hizo acreedor a la Recomendación 178, por el caso de José Luis Pérez Moreno, ingresado en el 2008 a una celda por infracciones al Reglamento de Policía, y quien a las pocas horas se suicidó con un cordón de su tenis.
En este caso, la negligencia se produjo cuando el encargado de cuidar a los detenidos se ausentó de su cargo para comprar una torta y acudir a la papelería a sacar unas copias, situación que evidenció la carencia de un Manual de Procedimientos Operativos en materia de seguridad, personal médico y de protección civil.
Durante el 2009, la única recomendación emitida por la CEDH ha sido la 180, hacia el municipio de El Marqués, por la “excesiva” maniobra policiaca de colocar esposas en las manos de tres menores de edad, aun cuando no existía falta administrativa, ni delito alguno.
Hay mucha complicidad: Bernardo Romero
Para Bernardo Romero Vázquez, ex presidente de la CEDH, en Querétaro hay un problema ‘grave’ de abusos en la entidad, el cual es fomentado por condiciones estructurales.
“Hay una insuficiente formación de los elementos policíacos, existe mucha corrupción (…) esto fomenta la ilegalidad e impunidad. Se alimentan de la complicidad.
“El Ministerio Público y los jueces los protegen. Evidentemente hay una complicidad en el sistema, porque se sirven de la corrupción de los policías y de esta impunidad, se trata más de una situación de amedrentamiento o de terrorismo que nos hace ver que la policía tiene la razón”, señaló.
Durante el 2009, dicho organismo recibió 97 denuncias al respecto, y cuenta con cuatro quejas ciudadanas más, por presuntas violaciones a las garantías individuales cometidas por militares en el estado.
De acuerdo con datos de la CEDH, las autoridades de seguridad más denunciadas en el 2009 han sido la Secretaría de Seguridad Pública en el Municipio de Querétaro con 39 quejas activas, seguida de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), con 38 quejas activas, elementos de Tránsito de la capital (siete), y la Policía Estatal (cuatro).
En cuanto a las denuncias contra militares en el estado, la Comisión registró cuatro casos ocurridos en los municipios de Querétaro, El Marqués, Landa de Matamoros y San Joaquín, entre el 24 de abril y el 9 de junio.
No obstante por tratarse de autoridades federales, estas denuncias actualmente son investigadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
180 millones para policías vs. 950 mil pesos para Adultos Mayores
Una revisión hemerográfica realizada por Tribuna de Querétaro reveló que existen varios casos de extorsión policial que sólo son externados y publicados ante los medios de comunicación.
En estos casos, se acusa principalmente a los elementos por lesiones, privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad, allanamiento de domicilio, amenazas y tortura.
El número de violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades va en aumento, a pesar de que el Poder Ejecutivo destinó casi 180 millones de pesos en la profesionalización y capacitación de los cuerpos policiacos (rubros como el de Adultos Mayores apenas recibe poco más de 950 mil pesos).
Además, según las cifras de la CEDH, la entidad con mayor número de denuncias en los últimos tres años es la Guardia Municipal de Querétaro, que tuvo 36 denuncias en el 2007, 63 en el 2008, y ya acumuló 38 en el primer semestre del 2009.
Durante este mismo periodo, la Comisión apenas emitió tres recomendaciones contra los cuerpos policiacos en el 2007, dos en el 2008, y una en lo que va del 2009.
Autoridades municipales, ‘víctimas’ frecuentes de recomendaciones
En el transcurso del 2007, se publicó la Recomendación 172 dirigida a Jorge Luis Alarcón Neve, Secretario de Gobierno Municipal, con motivo de la represión a las manifestaciones realizadas por el grupo social denominado La Sexta Querétaro.
Esta recomendación se cimentó en la extralimitación de las facultades conferidas a los inspectores municipales por el Reglamento de Inspección y Verificación, y porque se vulneraron las garantías fundamentales de los agraviados.
Ese mismo año también se emitió la Recomendación 174, en contra de elementos de la policía del Municipio de Arroyo Seco, luego de que el ciudadano Bonifacio Vázquez Camacho fue golpeado de manera tan “evidente y excesiva” que perdió la vida por la “indebida” actuación de los policías preventivos.
En el 2008, la CEDH emitió la Recomendación 176, hacia el Secretario de Seguridad Pública Municipal (Armando Sánchez Estrada) por el caso relacionado con el señor Ulises Antonio Martínez Domínguez, quien fue víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes por un elemento policíaco.
Al oficial se le realizó un examen pericial en materia psicológica, encontrando signos de ansia de poder, problemas de relación interpersonal, defensa frente a peligros reales o imaginarios que percibió como ataques personales; agresividad y cambios que van de la impulsividad a la inhibición.
Detuvieron a menores de edad… sin delito cometido
Por su parte, el Municipio de Corregidora también se hizo acreedor a la Recomendación 178, por el caso de José Luis Pérez Moreno, ingresado en el 2008 a una celda por infracciones al Reglamento de Policía, y quien a las pocas horas se suicidó con un cordón de su tenis.
En este caso, la negligencia se produjo cuando el encargado de cuidar a los detenidos se ausentó de su cargo para comprar una torta y acudir a la papelería a sacar unas copias, situación que evidenció la carencia de un Manual de Procedimientos Operativos en materia de seguridad, personal médico y de protección civil.
Durante el 2009, la única recomendación emitida por la CEDH ha sido la 180, hacia el municipio de El Marqués, por la “excesiva” maniobra policiaca de colocar esposas en las manos de tres menores de edad, aun cuando no existía falta administrativa, ni delito alguno.
Hay mucha complicidad: Bernardo Romero
Para Bernardo Romero Vázquez, ex presidente de la CEDH, en Querétaro hay un problema ‘grave’ de abusos en la entidad, el cual es fomentado por condiciones estructurales.
“Hay una insuficiente formación de los elementos policíacos, existe mucha corrupción (…) esto fomenta la ilegalidad e impunidad. Se alimentan de la complicidad.
“El Ministerio Público y los jueces los protegen. Evidentemente hay una complicidad en el sistema, porque se sirven de la corrupción de los policías y de esta impunidad, se trata más de una situación de amedrentamiento o de terrorismo que nos hace ver que la policía tiene la razón”, señaló.
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