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lunes, agosto 24, 2009

OPINIÓN. Cómo conseguir 300 mil millones de pesos y no morir en el intento

Marcela Ávila Eggleton

Faltan sólo unos días para que entre en funciones nuestra renovada Cámara de Diputados.
Sí, aquella que fue electa en un proceso electoral que nos costó algo así como 12 mil millones de pesos y para el que los partidos políticos ―en el ámbito federal― recibieron casi 7 mil millones de pesos.
Muchos de los recién electos diputados tendrán su iniciación en las tareas legislativas con el debate en torno al presupuesto de egresos para 2010, discusión en la que todo buen mexicano tiene una opinión por lo que sin duda alguna, no requerirá conocimientos ni destrezas especiales.
Nuestros 500 representantes populares tienen la consigna de sacar adelante un presupuesto al que, en el mejor de los casos, le faltarán unos 300 mil millones de pesos.
Recaudar 300 mil millones de pesos no presentaría dificultad alguna si no fuera porque nuestros políticos han manifestado su rechazo a crear nuevos impuestos o incrementar los existentes y honestamente conociendo las prioridades de nuestra clase política, la reducción del gasto corriente no parece ser una opción para subsanar el déficit.
Por supuesto que existen otras alternativas, eliminar privilegios fiscales ―poco probable e insuficiente― o la ampliación del déficit fiscal ―no muy deseable si pensamos en lo que esas decisiones provocaron en gobiernos anteriores.
Así las cosas, pudiera ser que por primera vez en la historia de México los contribuyentes cautivos tengamos que asumir nuestra responsabilidad y aportar parte de nuestros ingresos para sacar al país y, en una de esas, al mundo, del consabido shock.
El asunto no es tan complicado salvo porque a cómo están las cosas, los contribuyentes cautivos empezarán a pagar sus impuestos en especie. ¿Cuánto se podrá recaudar en el mercado internacional por la subasta de los bienes de los contribuyentes cautivos?
Sin duda una cifra muy lejana a los 300 mil millones que nos faltan, pero será un acto heroico, algo así como la indemnización a las empresas extranjeras por la expropiación petrolera. Seguramente nos llenará de gloria y será el revival del nacionalismo revolucionario.
Pero volvamos a los números. Si este año se gastó en partidos y elecciones algo así como el 6.6% del dinero que nos falta para el próximo, habrá que proyectar cuánto se destinará a los 10 comicios estatales que se llevarán a cabo en 2010, particularmente si consideramos que cada voto en México cuesta más de 17 dólares.
Sin duda alguna esa cifra es intocable, así como los gastos del Congreso de la Unión que para su eficiente funcionamiento destinó, durante los tres años de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, la modesta cantidad de 600 millones de pesos en traslados aéreos de los legisladores.
Que los diputados puedan viajar a sus lugares de origen una vez por semana es sin duda su derecho, pero que una parte considerable del presupuesto para traslados aéreos pase directamente a sus bolsillos es deporte nacional.
Habrá que proponer al Comité Olímpico Internacional (COI) incluir para los próximos Juegos Olímpicos “enriquecimiento a costa del cargo”. Seguramente los 300 mil millones de pesos nos seguirán faltando ―o estarán en otro sitio ya que el presupuesto es como materia, no se crea ni se destruye, ni se transforma, sólo cambia de bolsillo― pero nuestro papel en la justa olímpica será memorable.

Post Scriptum
Los pésimos resultados de México en las pruebas sobre calidad de la educación a nivel internacional no se deben a la incapacidad de las autoridades educativas ni a la falta de visión y calidad de nuestras instituciones, se trata de un plan maestro para tomar al mundo por sorpresa.
Los cambios implementados en los programas de la SEP o al menos aquellos que tuvieron a bien subir a su página web ―se desconoce hasta el momento si son los programas oficiales para el ciclo escolar 2009-2010 o una proyección de los lineamientos que deberá seguir la educación en México en el 2093― son sólo una muestra de la falta de iniciativa de los maestros.
Es obligación de los docentes modificar los programas cada vez que la SEP lo haga, sin importar que nadie les avise ni que no haya una posición oficial al respecto.
Las instituciones encargadas de velar por la educación en México están comprometidas con el proyecto de nación, que escuelas y maestros sean incapaces de entenderlo, es mera negligencia.

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