Alfredo Rodríguez
El caso de Jacinta Francisco Marcial “viene a enmarcar varios que existen en el país en que (…) las actuaciones de la PGR se distancian mucho de obedecer a la recomposición de un tejido social; al contrario, están vulnerando a la sociedad con su actuar”, afirmó Andrés Díaz Fernández, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
“Si la Procuraduría General de la República quisiera, ella podría estar libre (…) la PGR podría aceptar la recomendación de la CNDH y con eso promover la figura, que en términos jurídicos se llama sobreseimiento de la causa, que procede cuando no existen elementos que comprueben el cuerpo del delito o la presunta responsabilidad. En este caso las dos condiciones se cumplen”, explicó.
Díaz Fernández resaltó que no hubo ningún secuestro en contra de los agentes de la AFI y aseguró que se trató de una venganza de las autoridades contra del pueblo de Santiago Mexquititlán, luego de que exhibiera una actuación ‘totalmente irregular’ de los policías -en colusión con el agente del Ministerio Público federal- durante un operativo.
De esta manera, señaló que las razones de que Jacinta esté presa no sólo se refieren al haberse encontrado en el lugar de los hechos cuando se tomó una fotografía periodística, sino más bien a las condiciones de género, las condiciones de la adscripción a un pueblo originario, como lo es el ñhañhú, y las condiciones de pertenecer, dijo, a una sociedad económicamente marginada.
‘Se sigue victimizando…’
El abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez recordó varias inconsistencias del caso, entre ellas 22 careos pendientes porque uno de los elementos de la AFI está desaparecido y no se le ha podido encontrar en el país, a pesar de que apenas en diciembre pasado aún trabajaba en la corporación.
“Jacinta no contó con un traductor, se le detuvo arbitrariamente, bajo engaños, que Jacinta nunca conoció al juez que la sentenció… lo más grave es que se le pide que pruebe su no culpabilidad antes de que se pruebe su inocencia, es decir, no existe en el país el principio de presunción de inocencia.
“Los derechos que están considerados en la Constitución, al parecer se encuentran por debajo de lo que vienen siendo las leyes secundarias. Los instrumentos internacionales firmados por México no tienen presencia en este país”, manifestó.
Andrés Díaz recordó que el 17 de julio de este año, la CEDH emitió una recomendación en la cual se señalan grandes irregularidades que afectaron los derechos a la procuración de justicia, a la seguridad jurídica y a la legalidad de las acusadas, aunque también recordó que ésta misma dependencia en un principio resolvió que no existían violaciones a los derechos humanos.
Díaz Fernández apuntó que Jacinta es víctima de dos circunstancias que la han desfavorecido. La primera, expuso, es el endurecimiento de la sanción penal contra el secuestro como parte de una medida ‘populista’ de las autoridades, y la segunda es la deficiencia del sistema de justicia penal, en donde existe un “hoyo negro” para cuestiones de legalidad y de debido proceso.
“Se sigue victimizando el hecho de que Jacinta esté en prisión cada vez que la PGR no ha respondido, cada vez que en el juzgado cuarto de distrito no se respetan sus garantías procesales.
“Pero también (hay que) resaltar el hecho de que este nombramiento de prisionera de conciencia significa un paso muy grande en lo que puede marcar la pronta liberación de Jacinta”, finalizó Díaz Fernández
“Si la Procuraduría General de la República quisiera, ella podría estar libre (…) la PGR podría aceptar la recomendación de la CNDH y con eso promover la figura, que en términos jurídicos se llama sobreseimiento de la causa, que procede cuando no existen elementos que comprueben el cuerpo del delito o la presunta responsabilidad. En este caso las dos condiciones se cumplen”, explicó.
Díaz Fernández resaltó que no hubo ningún secuestro en contra de los agentes de la AFI y aseguró que se trató de una venganza de las autoridades contra del pueblo de Santiago Mexquititlán, luego de que exhibiera una actuación ‘totalmente irregular’ de los policías -en colusión con el agente del Ministerio Público federal- durante un operativo.
De esta manera, señaló que las razones de que Jacinta esté presa no sólo se refieren al haberse encontrado en el lugar de los hechos cuando se tomó una fotografía periodística, sino más bien a las condiciones de género, las condiciones de la adscripción a un pueblo originario, como lo es el ñhañhú, y las condiciones de pertenecer, dijo, a una sociedad económicamente marginada.
‘Se sigue victimizando…’
El abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez recordó varias inconsistencias del caso, entre ellas 22 careos pendientes porque uno de los elementos de la AFI está desaparecido y no se le ha podido encontrar en el país, a pesar de que apenas en diciembre pasado aún trabajaba en la corporación.
“Jacinta no contó con un traductor, se le detuvo arbitrariamente, bajo engaños, que Jacinta nunca conoció al juez que la sentenció… lo más grave es que se le pide que pruebe su no culpabilidad antes de que se pruebe su inocencia, es decir, no existe en el país el principio de presunción de inocencia.
“Los derechos que están considerados en la Constitución, al parecer se encuentran por debajo de lo que vienen siendo las leyes secundarias. Los instrumentos internacionales firmados por México no tienen presencia en este país”, manifestó.
Andrés Díaz recordó que el 17 de julio de este año, la CEDH emitió una recomendación en la cual se señalan grandes irregularidades que afectaron los derechos a la procuración de justicia, a la seguridad jurídica y a la legalidad de las acusadas, aunque también recordó que ésta misma dependencia en un principio resolvió que no existían violaciones a los derechos humanos.
Díaz Fernández apuntó que Jacinta es víctima de dos circunstancias que la han desfavorecido. La primera, expuso, es el endurecimiento de la sanción penal contra el secuestro como parte de una medida ‘populista’ de las autoridades, y la segunda es la deficiencia del sistema de justicia penal, en donde existe un “hoyo negro” para cuestiones de legalidad y de debido proceso.
“Se sigue victimizando el hecho de que Jacinta esté en prisión cada vez que la PGR no ha respondido, cada vez que en el juzgado cuarto de distrito no se respetan sus garantías procesales.
“Pero también (hay que) resaltar el hecho de que este nombramiento de prisionera de conciencia significa un paso muy grande en lo que puede marcar la pronta liberación de Jacinta”, finalizó Díaz Fernández
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