Alfredo Rodríguez
Aumentar la tarifa del transporte público “es una decisión electoral que tomó el gobierno del PAN, ¿por qué no subir el costo de transporte antes de las elecciones y sí hacerlo unas semanas después?”, cuestionó el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LV Legislatura, Jaime Escobedo Rodríguez.
“Hubo apoyo para los transportistas por 4 mil 500 pesos. Habían estado reteniendo el incremento, a mí me parece una reprobable y lamentable decisión”, expresó Escobedo Rodríguez, quien al igual que sus compañeros en la Legislatura, afirmó no haber tenido conocimiento previo del aumento.
“Son decisiones unilaterales, como han sido en los últimos años. Lo que debió hacerse fue generar un consenso, debió haber un amplio consenso para tomar una decisión de esa magnitud, porque es momento de crisis (económica)”, indicó el ex candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro.
El bono de 4 mil 500 pesos mensuales fue “ilegal”: MALH
Por su parte, Marco Antonio León Hernández, legislador por Convergencia, coincidió en que el incremento en la tarifa tiene trasfondo político, que consiste, dijo, en un acuerdo previo a las elecciones entre el PAN y los transportistas, quienes se habrían comprometido a dar los espacios de publicidad en sus unidades para los candidatos blanquiazules.
“Recordemos que cuando vienen las campañas, varios transportistas deciden, en un ejercicio de pluralidad, permitir cualquier tipo de propaganda de cualquier partido y Gobierno del Estado comienza a detener las unidades, los empiezan a amenazar y los obligan a que quiten las publicidad de otros partidos, para poner la del PAN, parte de sus compromisos era ese”, explicó.
León Hernández también recordó que de “manera ilegal y absurda” Gobierno del Estado destinó una parte ‘importante’ de dinero a los concesionarios, mediante un bono de 4 mil 500 pesos mensuales, aun y cuando se trata de un negocio de particulares.
“Finalmente es un acto de congruencia del PAN, que nos muestra que está del lado de los empresarios. Esto no es nuevo: seguirá perjudicándose a los usuarios (el pueblo), por eso me parece que es importante que toda vez que es una concesión, que es un absurdo del Gobierno del Estado, planteáramos la municipalización del transporte público”, agregó.
Aun sin ‘suspicacias’, vino el aumento…
En febrero del 2009 un grupo de 100 transportistas urbanos realizaron un paro parcial en exigencia a un incremento en la tarifa de transporte público. Ese mismo día comenzaron las negociaciones con el gobierno estatal.
De acuerdo con notas periodísticas, las reuniones privadas entre los concesionarios y las autoridades duraron seis días consecutivos y al final, en un desplegado se anunció la creación de un fideicomiso de 46 millones para la instalación del sistema de prepago, el cual continúa sin ser implementado.
No se habló sobre ningún otro pacto, pero el 9 de marzo, en el periódico oficial La Sombra de Arteaga se publicó un acuerdo mediante el que se otorgó 4 mil 500 pesos mensuales a cada concesionario para sortear la “crisis económica internacional”.
Ante los medios, el Secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes, pidió que no se levantaran suspicacias por la entrega del apoyo económico y ante la cercanía del proceso electoral, pues sólo se trataba de una acción para apoyar a la economía familiar.
Exactamente un mes después de la jornada electoral, sin que oficialmente se haya declarado superada la crisis económica mundial, y sin aviso previo, el gobierno estatal anunció el alza en las tarifas del trasporte urbano en un 30 por ciento en la ciudad de Querétaro.
No fue cuestión electoral: PAN
Al respecto, el diputado panista Ricardo Martínez Rojas Rustrián, presidente de la Mesa Directiva y de la Comisión de Hacienda, dijo desconocer la razón de que el Poder Ejecutivo haya tomado la decisión de aumentar la tarifa un mes después de las elecciones y no antes, pero descartó de entrada que se tratara de una cuestión electoral.
“Acción Nacional propone candidatos y estos pueden ser electos o no, pero no es ya responsable de los actos de gobierno…, el Partido Acción Nacional no tiene nada que ver con el aumento (en la tarifa)”, sentenció.
El diputado José Luis Sainz Guerrero reconoció que el aumento “es un fuerte golpe para la economía del usuario”, sin embargo, descartó que se tratara de una estrategia electoral y argumentó que las tarifas del servicio público tienen que actualizarse con regularidad.
“Me parece que se lo comió el tiempo a Gobierno del Estado y esta actualización se tuvo que haber dado muchos años atrás. No se subieron las tarifas cuando se tuvo que haber hecho. Lo que es cierto, es que debe ser responsabilidad de cada gobierno para no ocultar las alzas de los costos”, admitió.
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