Opiniones divididas entre los grupos que promueven la defensa de la vida desde el momento de la fecundación, y otros que están a favor de la libre decisión de las mujeres sobre su cuerpo, se expusieron al inicio de las audiencias públicas sobre la Iniciativa de Ley que reforma el Artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Querétaro que estudia la Comisión de Puntos Constitucionales de la LV Legislatura.
El sector que está a favor de la reforma pide que se defienda la vida y los derechos humanos del cigoto, ya que desde que existe la unión del óvulo y el espermatozoide se forma una persona nueva e independiente, lo que lo hace un verdadero sujeto de derechos, como argumentó Rodrigo Guerra López, director del Centro de Investigación Social Avanzada.
Miembros de organizaciones como Los Caballeros de Colón, Red Familia, Asociación de Psicólogos Católicos, Escuela para Padres de Familia y la Unión Estatal de Padres de Familia, entre muchas otras asociaciones, respaldan esta visión.
Aseguraron que aunque el embrión se encuentre dentro de la madre, este no es parte de su cuerpo, por lo que es necesario garantizar la igualdad del derecho a la vida entre las mujeres y su producto. Un segundo argumento de estos grupos es que las mujeres que se practican un aborto podrían desarrollar el “síndrome postaborto”.
Rafaela Colín Acevedo, del Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y Familia, presentó cifras del Instituto Elliot, según el cual 39% de las mujeres que abortan padece trastornos alimentarios, 73% trastornos sexuales, 53% inició o aumentó el consumo de drogas o alcohol, 56% presentó sentimientos suicidas, y 28% tuvo intentos de suicidio.
Para quienes impulsan la reforma al artículo 2, las soluciones al problema del aborto se basan en la implementación de programas sociales, en el aumento de casas de asistencia, en la facilitación de los trámites de adopción, en la ayuda asistencial a embarazadas, y sobre todo en el rescate de la educación y los “valores familiares”.
‘No promovemos el aborto, sino mejores condiciones de salud pública’
Los que están en contra de la reforma son en su mayor parte miembros de organizaciones que defienden los derechos reproductivos y la igualdad de género.
Entre dichas asociaciones se encuentran la Asociación Queretana de Sexualidades Humanas (Aquesex), Salud y Género, Católicas por el Derecho a Decidir, Democracia y sexualidad, entre otras, que piden que se legisle en el tema del aborto como un problema de salud pública, y que no como castigado como delito.
En principio, argumentan que es absurdo que se le quieran otorgar derechos a un embrión, y aseguran que se trata de una decisión personal.
María Eugenia Romero Contreras, directora de la organización Equidad y Género, negó que los que están en contra de la reforma promuevan la práctica del aborto, sino que buscan que las mujeres que ponen en riesgo su salud por abortar en la clandestinidad, puedan realizarlo de manera seguro y de acuerdo a sus principios y ética personal.
‘También vulneraría el Estado laico’
En tanto, para Gisela Sánchez Díaz de León, directora de la organización Salud y Género, la propuesta de reforma no sólo no resolverá el problema, sino que amenaza y violenta a las mujeres al impedir que decidan sobre su cuerpo, al negarles que preserven su salud física y mental.
Además, precisó, con la medida se provocará mayor mortalidad materna, un menor acceso a la anticoncepción y dará paso a la legalización de la discriminación y la violencia, sin contar que vulnera al Estado laico, es un ejercicio de poder desmedido y un tipo de violencia de género, afirmó.
Este grupo también critica la actuación de los legisladores por buscar la modificación con el afán de cumplir sus compromisos políticos o con el afán de protegerse de una supuesta amenaza a sus valores personales conservadores, como lo denunció la coordinadora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Marta Juárez.
Agregó que la reforma tiene como finalidad evitar la despenalización del aborto y presentó una encuesta realizada por la Secretaría de Gobernación en el 2009 (denominada Encuesta Nacional de Ciudadanía y Participación Política), en la que se muestra que el 62 por ciento de la gente no está de acuerdo en que el gobierno intervenga en la decisión de las mujeres sobre la posibilidad de abortar o no.
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