Alfredo Rodríguez
A dos años de la “Alerta Máxima” decretada por las autoridades estatales en Querétaro, y luego de que el PAN perdió la gubernatura ante el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el titular del Ejecutivo local, Francisco Garrido Patrón, cambió el discurso y reveló que “durante mucho tiempo” el crimen organizado ha intentado establecerse en Querétaro.
Además, Garrido Patrón dejó abierta la posibilidad de que estos grupos hayan intentado intimidar a los altos mandos de las corporaciones policíacas o infiltrarse en sus filas.
Hasta ese momento, las declaraciones provenientes de las autoridades se habían mantenido firmes, negando constantemente la presencia de grupos organizados, a pesar de algunos hechos que mostraban lo contrario.
En agosto del año pasado, Alfredo Botello Montes, Secretario de Gobierno, afirmó que no existía evidencia de la presencia de estas organizaciones. Pero un día antes habían sido localizados los cuerpos de cuatro agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) de Aguascalientes ultimados en la comunidad de La Luz, en Santa Rosa Jáuregui.
Las evidencias continuaron surgiendo a lo largo del año. El 9 de septiembre del 2008, personal armado de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) tomó las instalaciones de la clínica del ISSSTE en la capital del estado, luego de que el subdelegado administrativo, José Juan Díez Barroso, recibiera una amenaza por parte del crimen organizado.
‘Levantados’, sicarios y ‘migrantes’ rebeldes
Posteriormente, el 22 de noviembre del 2008, en la comunidad de San Pedro (Huimilpan), policías municipales fueron amagados y desarmados en su propia comandancia por un grupo de entre 15 y 18 personas que bajaron de dos camionetas de lujo con la finalidad de rescatar un auto que la policía aseguró minutos antes. Una de las implicadas era agente de esa demarcación.
Además, en aquella ocasión los policías y el municipio guardaron silencio ante los hechos, sin embargo, una investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) reveló el ataque. Como consecuencia fueron detenidos siete sujetos a los que se les encontraron varias armas de fuego, vehículos de lujo, e incluso una lancha.
Los detenidos dijeron ser migrantes, pero se conoció que realizaron inversiones millonarias en Huimilpan, como lo fue la construcción de una plaza de toros y otras edificaciones.
El mismo mes se cumplió medio año de la desaparición de Jaime Gastélum Vega, a quien un grupo armado lo “levantó” de su propiedad ubicada en el municipio de Santa Rosa Jáuregui. En aquella ocasión el grupo atacó la finca y le prendió fuego.
El capataz fue descubierto con varios impactos de bala y calcinado en las inmediaciones de Tierra Blanca, El Marqués. Hasta la fecha sigue desaparecido uno de sus familiares y aún se desconoce a los responsables.
Poco después, el 14 de febrero del 2009, un recordido de agentes de la PFP por las calles del Centro Histórico descubrió un automóvil que contaba con torretas y sirenas, además de un emblema del Ejército Mexicano. Los detenidos reconocieron que fueron enviados al estado para ultimar a un hombre.
Luego, el 22 de abril del mismo año la PFP detuvo en Querétaro a cuatro presuntos sicarios pertenecientes a “La Compañía”, dos de ellos aseguraron haber sido contratados como asesinos a sueldo y los traían a la entidad para entrenarlos.
El caso de los colombianos ‘engañosos’
Pese a los hechos, las autoridades mantuvieron el mismo discurso. El 13 de enero del 2009 en una reunión con corporaciones federales y estatales, Francisco Garrido Patrón reportó que no existía ninguna situación relevante en los que estuviera el crimen organizado en la entidad.
Poco después, Manuel González Valle –todavía alcalde capitalino- llamó a la ciudadanía a no preocuparse por los constantes retenes y cateos que se realizan en algunas colonias, y afirmó que esto no significaba que el crimen organizado estuviera presente en la ciudad.
Pero continuaron los casos que indicaban lo contrario y que incluso pusieron en duda la actuación de las autoridades. El 4 de marzo, después de un operativo militar en Jurica, se detuvo a seis colombianos que aceptaron llegar al estado a vender drogas. Pero dos días después el caso dio un giro cuando se informó que todo se trataba de un “engaño”.
Inexplicablemente los detenidos transportaban dos maletas con bloques de madera envueltos en cinta canela y en forma de paquetes de droga.
Sospechosos en vehículo con logotipo de… ¡Gobierno del Estado!
Luego, a principios de mayo, la PFP detuvo a tres agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) en la caseta de Palmillas, después de que fueran denunciados por asaltar un tráiler.
Los señalados viajaban en un auto de Gobierno del Estado y al revisarlo se encontraron armas largas, cartuchos de diversos calibres, pasamontañas, celulares, cámaras fotográficas y de video. Uno de los denunciantes escapó corriendo del interior de una patrulla mientras pedía a gritos que lo auxiliaran. Judiciales lo sometieron y lo metieron de nuevo a la unidad con el pretexto de trasladarlo al médico.
Pero ahí no terminaron las irregularidades. Un diario local informó que el chofer y su acompañante fueron presionados para retirar su denuncia, además el Ministerio del fuero común y el Ministerio Público Federal se negaron a recibir a los detenidos. Finalmente la PGJ informó al día siguiente que todo se trataba de un “cuatro” puesto por la PFP.
Así, a pesar de las contradicciones en las declaraciones de los implicados, no se les imputó ningún cargo y sí se descalificó a uno de los denunciantes asegurando que padecía esquizofrenia, inestabilidad emocional y juicio alterado.
A este caso, se puede añadir el del Rancho “La Muralla”. El 30 de octubre se informó que fue confiscado por la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO). El 12 de diciembre la misma dependencia informó que la propiedad nunca fue cateada. El 24 de diciembre se realizó un nuevo operativo militar en el mismo lugar y ya no se dieron detalles.
La alerta debe ser permanente: Estrada Pacheco
En tanto, Rogelio Estrada Pacheco, Presidente del Consejo Directivo Nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAM), expresó que desde su punto de vista no se detectan cárteles ni delincuencia organizada. Añadió que la seguridad del estado se debe en gran medida a la participación ciudadana y la respuesta de las autoridades, sin embargo, indicó que aún se pueden reforzar las acciones.
“Falta una alerta roja, y esa alerta debe estar permanente (los 365 días). La ciudadanía debe de estar muy atenta a que no penetre la delincuencia organizada, si no queremos un Querétaro que al rato se estén matando unos con otros. Eso no lo podemos permitir”.
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