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miércoles, septiembre 20, 2006

‘Democracia impositiva’ vs. ‘democracia de negociación’

Adriana Sánchez Núñez

En México por democracia podemos entender ‘lo que diga la mayoría’, es decir que lo esencial es actuar y gobernar de acuerdo a los resultados que se arrojen en las elecciones y de lo que haya decidido “la mayoría”, así se trate de un sólo voto diferencial, creemos que eso es suficiente para poder gobernar aún a quienes no están de acuerdo con el ‘elegido’. ¿Y dónde quedan los demás?, aquellos que no se sienten representados, aquellas minorías que a final de cuentas resultan ser la verdadera mayoría.
De éste modo es como el gobierno se volverá parcial y protegerá los intereses de quienes, en primera instancia, los apoyaron para llegar al cargo político. Se convertirá en un gobierno ‘por y de acuerdo a una minoría’, se pierde el principio democrático, el cual consiste en que un gobierno es ‘del y para el pueblo’.
A últimas fechas se ha mencionado, en la esfera de la opinión pública (da), la urgencia de una reforma electoral, la cual pueda dar una salida a conflictos políticos como los vividos después de los comicios del 2 de julio, en donde el presidente electo ha sido declarado (tardíamente) como tal, tras una diferencia mínima del más próximo contrincante.
Tales especulaciones, me hacen pensar, en que aquellas personas que vislumbran soluciones en la medida que se haga una reforma electoral, estén pensando en que la próxima elección presidencial se haga de acuerdo a la fórmula de mayoría absoluta la cual, quiméricamente, podrá dar solidez tanto a un futuro presidente así como asegurar que éste cuente con el apoyo suficiente para echar andar su plan de gobierno en contubernio con la mayoría del congreso de la unión (que por tantos años fue un subordinado del poder ejecutivo y que a últimas fechas se ha consolidado por ser un contrapeso del ejecutivo).
Un sistema electoral de mayoría absoluta podría generar más problemas de los que actualmente vivimos, ya que habrá que reconocer que la población mexicana es sumamente heterogénea y por lo tanto cada grupo debe o debería de contar con un representante ante gobierno, que luche por sus intereses y derechos, tal serían los grupos indígenas, las madres solteras, los comerciantes, los discapacitados, etc.
Es decir, México no necesita de un modelo de gobierno donde el poder político se concentre en las manos de una mayoría escasa, sino, como menciona Lijphart, un gobierno en donde el poder pueda ser dividido, dispersado y limitado de distintas formas, es decir, en lo que él llama ‘democracia de negociación’. Un gobierno que necesite de acuerdos y diálogos, para poder gobernar para la mayoría. México no necesita de un gobierno impositivo donde lo que diga la mayoría eso sea.
La sociedad mexicana ya vivió la imposición de un gobierno durante siete décadas, ya vivió la larga historia (nacimiento, desarrollo y decadencia) de un partido que gobernó para sí mismo y para sus principales allegados. La sociedad actual no necesita volver al pasado, necesita ver a futuro y ver que la solución no fue y no será lo que ‘la mayoría de fachada’ diga.
A nivel nacional se vive algo inédito en cuanto a la conformación del poder legislativo, ningún partido político cuenta con una mayoría suficiente para hacer reformas estructurales (o aún cuando no lo sean, ninguno cuenta con la mayoría suficiente). Ello significaría que deberán de prevalecer los convenios, esto claro si cada partido asume su papel de representante de una parte de la población la cual lo eligió, en específico si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) toma su papel de oposición y no de partido satélite que vive a la sombra de lo que diga el partido en el poder PAN, como en el pasado lo haría el Partido Acción Nacional (PAN) con el PRI.
De este modo, a nivel federal y sobre todo en cuanto al poder legislativo podemos ver un avance político. Eso es lo que pasa en las democracias que mejor funcionan, en las democracias consensuadas o negociadas.
Sin embargo a nivel estatal no pasa lo mismo, no existe contrapeso con el ejecutivo y no existe pluralidad en el congreso. El PAN se ha llevado ‘el carro completo’. Como es bien sabido la legislatura del estado de Querétaro se conforma por veinticinco diputados: quince de ellos, electos por el principio de mayoría relativa (MR) y los otros diez restantes asignados por la vía de representación proporcional (RP). El 2 de Julio se eligieron a quienes conformarían La LV Legislatura y los resultados arrojaron que el PAN obtuvo dieciséis curules, doce de MR y cuatro de RP; la Alianza por México (PRI-Partido Verde Ecologista de México) tres de MR y dos de RP; el Partido de la Revolución Democrática (PRD) dos de RP; Convergencia uno de RP y el Partido Nueva Alianza uno de RP.
Lo anterior significa que el PAN tiene la fuerza suficiente en el Congreso para poder actuar a la par con el ejecutivo estatal, aún sin la aprobación de la oposición, que en conjunto conforman 56%, pero por su lado, el que cuenta con más representantes a penas y alcanza un incipiente 20% en la composición de la legislatura, el cual no representa ningún contrapeso comparado a la mayoría absoluta que obtuvo el PAN.
No hay que perder de vista que Querétaro es un estado con niveles de desarrollo aceptables, sin embargo aún cuenta con problemas sociales como el crecimiento de la pobreza, el comercio informal, los asentamientos irregulares, etc. Es por ello que no se puede gobernar para favorecer sólo a un segmento de la población, descuidando a los que la mayoría necesita. Es necesario que se tienda la mano a aquellos grupos sociales que no se sienten representados por quienes están en cargos públicos y encontrar una solución al sistema político que vivimos que es nada más una ‘democracia impositiva’.

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